Imagínense ustedes una empresa privada; una oficina, por ejemplo. Cierto día, fulanito Pérez, un empleado de esa oficina, una persona responsable y trabajadora, coge un documento de pago a Hacienda que debe ser llevado al banco por su compañero fulanito Gómez y lo lleva él. Cuando vuelve del banco, le comenta a ese otro compañero: “- Oye, te he llevado la declaración de IVA al Banco; ya lo han cargado en cuenta. Está pagado; ahí tienes la copia sellada.” “- O.K. Gracias” –responde el compañero.
Continuando con ésta historia, un par de horas más tarde, llega el supervisor y cuando se entera de que el papel ha sido llevado por Pérez, coge el teléfono, llama al banco y ordena que la operación sea anulada; luego le dice a Gómez: “Ese papel tenías que habarlo llevado tú; así que saca una nueva copia y llévalo. El otro ha sido anulado”. Sin salir de su asombro Gómez, que también es una persona responsable, trabajadora y disciplinada, coje el papel y lo lleva al banco. Cuando llega ya ha finalizado el plazo de pago de determinados recibos porque el sistema burocra-informático funciona así. Como consecuencia de ello, el impreso no es pagado dentro de su plazo, lo que origina una sanción de Hacienda aparte del coste que supone repetir la operación de ir al banco por Gómez cuando ya el trabajo estaba hecho por Pérez.
Al día siguiente, cuando el director general se entere de lo ocurrido, ¿se imaginan ustedes a donde enviaría al supervisor por hacer semejante burrada? Yo creo que tendría muchas probabilidades de verse en la cola del paro.
Pues bien, eso es lo que ha ocurrido con ese individuo que asesinó a dos policías; fue juzgado, condenado a ochenta y pico años de cárcel (de los cuales solo iba a cumplir como mucho dieciocho, no lo olvidemos) y ahora, el Tribunal Supremo, anula la sentencia y dice que hay que repetir el juicio con un jurado popular. Para postre de éste despropósito, el tipo no iría a la cárcel y quedaría en libertad si no tuviera ya condenas por otros delitos.
Todo el trabajo y el esfuerzo de la policía, de la administración de justicia, el dinero invertido, el tiempo empleado por jueces, abogados, personal... todo eso no vale para nada; queda anulado de un plumazo.
Yo pregunto: ¿quién es el responsable de éste despropósito? ¿Cómo es posible que en este país sigan pasando estas cosas? Y, sobre todo, ¿le veremos en la cola del paro por esta irresponsabilidad? Evidentemente no; es dinero público el que se ha tirado, no es una empresa privada.
Y la rabia y desesperación por ver ésta “justicia-injusta” no cuenta para nada.
Continuando con ésta historia, un par de horas más tarde, llega el supervisor y cuando se entera de que el papel ha sido llevado por Pérez, coge el teléfono, llama al banco y ordena que la operación sea anulada; luego le dice a Gómez: “Ese papel tenías que habarlo llevado tú; así que saca una nueva copia y llévalo. El otro ha sido anulado”. Sin salir de su asombro Gómez, que también es una persona responsable, trabajadora y disciplinada, coje el papel y lo lleva al banco. Cuando llega ya ha finalizado el plazo de pago de determinados recibos porque el sistema burocra-informático funciona así. Como consecuencia de ello, el impreso no es pagado dentro de su plazo, lo que origina una sanción de Hacienda aparte del coste que supone repetir la operación de ir al banco por Gómez cuando ya el trabajo estaba hecho por Pérez.
Al día siguiente, cuando el director general se entere de lo ocurrido, ¿se imaginan ustedes a donde enviaría al supervisor por hacer semejante burrada? Yo creo que tendría muchas probabilidades de verse en la cola del paro.
Pues bien, eso es lo que ha ocurrido con ese individuo que asesinó a dos policías; fue juzgado, condenado a ochenta y pico años de cárcel (de los cuales solo iba a cumplir como mucho dieciocho, no lo olvidemos) y ahora, el Tribunal Supremo, anula la sentencia y dice que hay que repetir el juicio con un jurado popular. Para postre de éste despropósito, el tipo no iría a la cárcel y quedaría en libertad si no tuviera ya condenas por otros delitos.
Todo el trabajo y el esfuerzo de la policía, de la administración de justicia, el dinero invertido, el tiempo empleado por jueces, abogados, personal... todo eso no vale para nada; queda anulado de un plumazo.
Yo pregunto: ¿quién es el responsable de éste despropósito? ¿Cómo es posible que en este país sigan pasando estas cosas? Y, sobre todo, ¿le veremos en la cola del paro por esta irresponsabilidad? Evidentemente no; es dinero público el que se ha tirado, no es una empresa privada.
Y la rabia y desesperación por ver ésta “justicia-injusta” no cuenta para nada.
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario